Concejales habilitaron Uber y otras aplicaciones electrónicas de transporte privado
En su sesión de ayer, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza que regula el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas.
La iniciativa se aprobó en general por 28 votos a favor, dos rechazos (concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Vázquez) y la abstención de Laura Vilches (FIT).
También hubo votos negativos desde diversos bloques hacia el artículo 9 de la norma, referido a la no fijación de un cupo de vehículos a habilitar, lo que fue el punto de mayor debate y que marcó una modificación en el recinto del despacho que había emitido inicialmente la Comisión de Servicios Públicos.
Como mandaba una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia, esta norma regula y da un marco legal para el funcionamiento del servicio de transporte privado, de interés público, contratado mediante apps.
El punto central de la ordenanza es que se eliminó el cupo de 4.000 vehículos que se había debatido inicialmente. El Concejo no fijó tope y deja librado ese aspecto a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo, en su carácter de autoridad de aplicación.
El concejal Marcos Vázquez (HUxC) justificó la regulación de las apps en la necesidad de permitir la inserción de las nuevas tecnologías y formatos de movilidad, y por tratarse de un servicio privado que es de interés público. “La Municipalidad debe ordenar la actividad”, dijo.
Por su parte, Gabriel Huespe (Ciudadanos), destacó que ahora “podrán trabajar en igualdad de condiciones taxistas, remiseros y plataformas, las que han venido a resolver la vida de la gente para trasladarse”.
Desde la UCR, Sergio Piguillem planteó el acompañamiento de su bloque. “La gran mayoría de los cordobeses eligió las aplicaciones, porque el bondi no pasa a tiempo, las paradas no son seguras y el boleto es caro. Esto cambió a los pasajeros de un servicio a otro. El convencimiento es que el usuario deje de tener un sistema en la ilegalidad”, argumentó.
Graciela Villata (Frente Cívico) rechazó el proyecto y planteó también que “se debería haber trabajado no solo las aplicaciones, sino con taxis y remises”, para quitarles exigencias burocráticas y carga tributaria a estos últimos.
En ese último punto coincidió Javier Favre (UCR), aunque en su caso acompañó. “Es un avance establecer que el transporte por apps es una actividad lícita. El limbo jurídico es malo para la ciudad”, sostuvo.
Los oficialistas Gustavo Pedrocca y Ricardo Moreno se expresaron en contra del artículo 9, advirtiendo que el avance tecnológico se está llevando puestos muchos trabajos tradicionales, como el de taxis y remises.
Diego Casado criticó la no fijación de cupo. “No estoy contra las apps, pero deben regularse en un marco sostenible. Esto va a devastar el transporte público”.
Martín Juez (Frente Cívico), que se diferenció de su bloque y acompañó el proyecto expresó: “Es extraño que hayamos pasado de un cupo de 4.000 vehículos, a dejarlo librado a la voluntad del intendente. ¿qué pasó?”.
Jéssica Rovetto (Cordobeses por la Libertad), defensora de la liberación del sistema, dijo que “el cupo distorsiona todo y lleva a una menor oferta y tarifas más caras” y consideró “un riesgo” que la fijación de un tope quede al arbitrio del Ejecutivo.
Por último, Soher El Sukaría (PRO) valoró que “el bien mayor es cuidar el transporte y la seguridad de los ciudadanos” y remarcó que el Ejecutivo “siempre tiene un margen de discrecionalidad al reglamentar normas”, por lo cual votó favorablemente.
