Crónica de una asamblea iracunda
Una asamblea caliente en el marco de la problemática ambiental por la elevación de las napas se desarrolló esta mañana en el auditorio del CPC 6 Villa El Libertador.
La asamblea fue convocada por el colectivo Cloacas Ya, un grupo de vecinos autoconvocados que rechazan las medidas de mitigación que por orden judicial y por la emergencia ambiental y sanitaria declarada desarrollan en conjunto Provincia y Municipio para aportar una solución a Villa El Libertador. Entre esas medidas figura la ejecución de la colectora cloacal domiciliaria para el barrio.
A la asamblea asistieron funcionarios de primera línea municipal como el secretario de Planeamiento, Omar Gastaldi; dos de segunda línea como el subsecretario de Ambiente, Sebastián Roca y el director de Redes, Daniel Bardaghi. Y el subdirector del CPC, el ubicuo Julio Páez (el director del Centro de Participación Comunal, Gustavo Rigoni, brilla por su ausencia) Y por Provincia, asistieron dos funcionarios de tercera línea de Desarrollo Social: el arquitecto Rodrigo Antona y una asistente social.
La Asamblea casi naufraga de arranque cuando el referente del colectivo Lucho Pihen desacreditó a los funcionarios presentes.
“Reclamamos la presencia de funcionarios con poder de decisión y de funcionarios judiciales monitoreando la situación del barrio”, afirmó.
Planteó luego el propósito del grupo que es obtener una declaración de “zona de desastre” para que el Estado brinde una asistencia económica extraordinaria a los vecinos más seriamente afectados por la problemática.
Dieciséis vecinos fueron intimados a desalojar sus viviendas por peligro de derrumbe. Este colectivo plantea que el Estado aporte una solución más de fondo que el mero pago de un alquiler de relocalización de las familias.
Justamente ayer, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 30° Nominación “exhortó” a la Municipalidad y a la Provincia a darles una “solución definitiva” a estos vecinos.
La propiedad o la vida
La primera vecina que le tocó hablar contó haber sufrido la caída de la loza “y nadie, en tres años, me ayudó con nada”.
Un vecino con discapacidad motriz se acercó al escenario donde estaban los funcionarios y les gritó que “¡muerto, me van a sacar de mi casa!” Y mientras se iba despotricaba contra la democracia y la falta de accesos para discapacitados en el auditorio.
El arquitecto Antona diría luego que la casa de este vecino de apellido Ortega “es una de las peores que he visto”, es decir, con más riesgo de derrumbe.
Las intimaciones de desalojo buscan salvaguardar la vida de sus moradores, pero estos se niegan a deja la propiedad a su suerte por temor a usurpaciones. La justicia ordenó ahora al Estado que garantice la seguridad.
Dirigentes de Barrios de Pie movilizaron mamás solas con sus niños para ocupar varias gradas del auditorio. Ninguna de esas mamás pidió la palabra para plantear nada.
El debate lo moderaba una persona que hizo escuela descalificando reiteradamente a los funcionarios, quienes asistían imperturbables al espectáculo de críticas. Los mismos a los que les exigían soluciones los trataban de “mentirosos” e incompetentes. Tan fuerte era el “azote verbal” que Aldo Ortega, reelegido en el Centro Vecinal, se bajó del escenario, donde estaban los funcionarios, y ya no regresó.
Roca fue el único que se animó a colar su descargo. Contó los avances de obra en las manzanas encaradas por el Municipio y rechazó una eventual declaración de zona de desastre. “Es Provincia la que tiene potestad en eso”, dijo.
El cura de la iglesia Nuestra Señora del Trabajo, Juan Pablo Candela, acusó “falta de respeto” de los funcionarios a los vecinos y dijo que “en el barrio no hay grietas”. “Podemos tener fisuras en las paredes, pero no hay fisuras entre nosotros”.
La causa de la presencia del cura en la Asamblea es porque el instituto de enseñanza parroquial también fue intimado al desalojo por supuestos daños en su estructura. En declaraciones a Radio Sur, Candela lo negó, pero Antona informó a este medio que no se pudo dimensionar el daño porque por decisión parroquial no se pudo terminar el peritaje.
“En tres años, ni Mestre ni Macri ni el concejal de Cambiemos Cavallo hicieron nada”, fustigó la autoconvocada Eva Zamora, dejando al descubierto lo sesgado del discurso.
Uno de los autoconvocados más iracundos fue Guillermo Díaz, quien fustigó a los funcionarios por renovar anuncios incumplidos en el tiempo (habló del famoso crédito del Banco Mundial aún no desembolsado) y descalificó a la Mesa de Amparo diciendo que en la misma participaban amparistas funcionales al poder de turno.
Luis Rocha, presente en la Asamblea, no salió al cruce pese a que en sus comienzos integró esta Mesa, que fue formada por orden judicial y con la que, mal o bien, se avanzó en algo de control sobre las obras que ejecuta el Estado.
El arquitecto Antona, un profesional valorado por amparistas y vecinos por relevar las viviendas y dar la cara, fue injustamente atacado por los asambleístas pese a ser uno de los presentes que admitió que “alguien tiene que hacerse cargo de las reparaciones” de las viviendas.
Al final, Gastaldi dijo que el pedido de zona de desastre será transmitido a Asesoría Letrada municipal para su evaluación, siendo que Roca (de menor rango) había dicho que eso es potestad de la Provincia.
