Decreto mileísta lo prohíbe, pero Sadaic y Capif aplican “cobros indebidos” a espectáculos privados
Desde el Bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Córdoba expresan profunda preocupación ante la situación que afecta a los salones de fiesta y eventos privados de la ciudad, quienes han sido objeto de cobros indebidos por parte de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) y AADI-CAPIF (Asociación Argentina de Intérpretes).
Según el comunicado del bloque radical, “estas entidades han desconocido el nuevo marco jurídico establecido por el Decreto Presidencial Nº 765/2024, vigente desde el pasado 29 de agosto, lo que ha derivado en prácticas de cobro improcedentes”.
El mencionado decreto redefine el concepto de “eventos de ejecución pública”, excluyendo del pago de derechos intelectuales a aquellos realizados en ámbitos privados con acceso restringido, como casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados y otros eventos similares. Asimismo, exceptúa de estos tributos a hoteles y centros de salud respecto a los televisores en habitaciones privadas.
También alertan sobre el accionar de cobradores de SADAIC y AADI-CAPIF que, en desconocimiento del nuevo marco legal, están estableciendo cobros indebidos a los organizadores de eventos privados, generando confusión e incertidumbre entre los afectados.
En este marco, los concejales presentaron una solicitud formal al Municipio para que, a través de las secretarías correspondientes, se dé amplia difusión al Decreto Presidencial N.º 765/2024. Esta acción busca garantizar su correcta aplicación y asegurar que los organizadores de eventos privados, entre ellos los salones de fiesta, sean exceptuados del pago de estas tasas, en cumplimiento de la normativa nacional.
Los ediles exhortan al Municipio a reforzar la comunicación y el alcance de esta normativa, protegiendo a los organizadores de eventos privados de abusos y malentendidos. También hacen un llamado a SADAIC y AADI-CAPIF para que respeten lo dispuesto por el decreto, absteniéndose de realizar cobros que vulneren los derechos de los ciudadanos.
Y reafirman el “compromiso con la defensa de los derechos de los sectores involucrados y el cumplimiento de las leyes que equilibran los intereses de los creadores y de la comunidad en general”.
