Salas cuna de la zona sur dejan de atender a centenares de niños por falta de pago al personal
Salas cuna de la zona suroeste de la ciudad dejaron de atender por retraso en el pago de los sueldos al personal.
La Décima reportó el cierre temporal de dos casa cuna, pero serían más las que resintieron la atención.
Se trata de las salas ubicadas en los barrios Mirizzi y Alejandro Carbó, ambas administradas por la Asociación Civil Casa Pueblo Sur.
El director de la Asociación, Gonzalo Trasmonte, confirmó el cierre momentáneo.
“Dejamos de trabajar con los proveedores porque no les podemos pagar, y hace dos semanas que no damos el almuerzo, y la semana pasada dejamos de abrir las puertas diariamente”, indicó. Y agregó que “solo atendemos a las familias que lo necesitan individualmente”.
Trasmonte precisó además que en los años de funcionamiento que llevan las salas -Mirizzi se inauguró en el 2016 y Carbó en el 2019- “nunca tuvimos problemas con los papeles y cobros”.
En la gestión de Juan Schiaretti, las salas estaban bajo jurisdicción del ministerio de Desarrollo Social, pero con la llegada de Martín Llaryora pasaron a depender del ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de la psicóloga Liliana Montero.
La red provincial de Salas Cuna es una política pública, de gestión asociada con municipios, Comunas y ONGs de inserción comunitaria, que contempla espacios infantiles de atención gratuita, destinados al cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de sectores vulnerables.
Entre los objetivos del programa, figuran el de “promover el desarrollo psico-social de los niños y niñas invirtiendo en la estimulación temprana, para garantizar el desarrollo de todo su potencial”; y “contribuir a la inserción social y laboral de las mujeres, brindando un espacio de cuidado y contención para sus niños”.
La implementación de esos nobles objetivos están hoy en modo pausa debido a un atraso en los pagos al personal.
El personal se reparte entre cocineras, maestra jardineras, auxiliares, mantenimiento y limpieza, y directores pedagógicos.
Se adeudan pagos desde junio pasado. “Pasaron tres meses y la plata no aparece”, apunta Trasmonte, quien destaca la importancia del programa “para la crianza y acompañamiento de la primera infancia” y “por la cuestión de género e inserción laboral de los madres”.
Los afectados por el cierre momentáneo de las dos salas son 150 niños de 0 a 3 años que, en dos turnos, reciben el desayuno, el almuerzo y la merienda, como parte de la contención pedagógica.
La escasez de recursos para el pago del personal se contradice con las promesas aparentemente formuladas por la Dirección del programa de inversiones para mejoras en la infraestructura, equipamiento y salarios. Trascendió que algunas salas habrían usado los recursos para infraestructura para solventar el pago de sueldos atrasados como atajo para evitar el cierre de las salas.
A este motivo, se deben las leyendas inscriptas en los carteles de protesta pegados en las fachadas de los espacios. “No cumplieron con los recursos”; “No nos pagan”; “No respetan los derechos de la primera infancia”; “Queremos volver a trabajar con las condiciones de siempre”, se lee en la cartelería destinada a visibilizar la problemática ante los vecinos.
Respuesta de la Provincia
Desde el área de Comunicación de Desarrollo Humano atribuyeron la demora en los pagos a la falta de presentación de una documentación de la asociación a cargo de las salas cuna.
Ante la consulta de este medio, precisaron que la organización Casa Pueblo debía una documentación vinculada a la Inspección General de Justicia, y que una vez presentada “el 23 de julio” -según la fuente- el expediente empezó a circular por las distintas reparticiones y desde el viernes pasado está en el Tribunal de Cuentas para su visación para el pago.
Contra réplica
Trasmonte admite que había un trámite por presentar, pero cuestiona que la Provincia se lo hizo saber recién en junio de este año cuando en marzo habían presentado la documentación habitual para estar habilitado a operar como gestores de la salas.
“Se tomaron tres meses para decirnos que había que presentar una nueva documentación y una vez presentada tuvieron el expediente girando más de veinte días por distintas áreas del ministerio para recién entrar el viernes al tribunal de cuentas”, planteó, crítico.
Por lo tanto, insinuó que es inadmisible “estar tres meses sin cobrar” e insinuar que el problema lo tuvieron ellos, cuando nunca les avisaron sobre la nueva normativa.