Un choque desnudó los privilegios de la clase política
El choque protagonizado por el renunciado presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, desnudó los privilegios de la clase política.
González chocó de frente, el sábado 29 de octubre, el auto que conducía una docente que viajaba junto a dos adolescentes provocando la muerte de la maestra. Se trata de Alejandra Bengoa.
La tragedia se registró en el paraje La Niña, en el camino de las Altas Cumbres, cuando González se cruzó de carril a bordo de un BMW X1 para adelantarse a un auto y se encontró con la Renault Sandero que conducía Bengoa. Las dos adolescentes que iban en la Sandero siguen internadas con pronóstico reservado.
La muerte de la docente conmovió a la comunidad serrana de Villa Dolores que salió a repudiar la conducta temeraria de González.
A poco de producirse el accidente, se supo que el auto que manejaba el legislador peronista era un auto judicializado, entregado en guarda para su manutención por el Tribunal Superior a la Legislatura. En rigor, se conoció que fueron entregados nueve autos de alta gama al Poder Legislativo, cuatro de los cuales los tenía González.
Lo escandaloso del hecho es que González circulaba en la BMW X1 de color negro con dominio apócrifo AB293MY cuando protagonizó el grave siniestro. La camioneta había sido denunciada como robada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, en Buenos Aires.
Tres años antes del luctuoso hecho en las Altas Cumbres, el vehículo había sido secuestrado por la fiscalía de Villa Dolores (producto de la investigación por robo)
Pero además de circular con una patente “melliza”, días después del choque en las Altas Cumbres, se conoció que el legislador no cumplía los requerimientos para tener una licencia de conducir adherida al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) y todo indicaba que esa era la razón por la que circulaba con una licencia emitida en la localidad de Las Tapias, pese a que González tiene domicilio en Villa Dolores.
El certificado de antecedentes de tránsito del legislador remitido el lunes posterior al accidente, señalaba que “el conductor no cumple los requerimientos para obtener la licencia”. Y esto porque ya presentaba dos infracciones por exceso de velocidad, como así también una decena de infracciones por no abonar el estacionamiento medido en su domicilio de Nueva Córdoba.
La justicia de Traslasierra imputó a González de presunto homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor y lesiones culposas agravadas. Pero la defensa de la víctima reclama que se lo impute de homicidio doloso porque podría representarse que con su manejo temerario podría matar a alguien al volante.
El escándalo hizo que González renunciara a la presidencia provisoria de la Unicameral y pidiera licencia sin goce de sueldo hasta el 31 de diciembre. Pero en el gobierno de Córdoba juzgan que González debiera renunciar a todo para descomprimir la presión que genera el escándalo en momentos en que el peronismo está en campaña electoral para quedarse por cuatro años más en el poder.
Al menos nueve vehículos de alta gama habían sido entregados por el Tribunal Superior de Justicia a la Legislatura provincial, uno de ellos era el BMW X1 que tenía asignado González, con el que chocó.
El propio González, quien gestionaba estos vehículos, se había autoasignado, además del BMW, una camioneta VW Amarok, otra camioneta Land Rover y un Audi.
Precisamente el BMW fue recibido en 2019 en la Legislatura. El auto fue entregado a la Legislatura en calidad de “depositario judicial”, en el marco de las atribuciones de la mencionada ley 8.550.
Además, y por este escándalo se supo que la Legislatura gasta millones de pesos en combustible para solventar el uso de los vehículos particulares de los legisladores, entre otros privilegios.