A Llaryora no le cierra la residencia, según el municipio
La Junta Electoral Municipal de la gestión Mestre avaló las impugnaciones presentadas por los partidos de la oposición contra la candidatura a intendente de Córdoba de Martín LLaryora por la alianza “Hacemos por Córdoba”.
Para la Junta, Llaryora solo puede ser candidato a concejal y Daniel Passerini debe ocupar su lugar como candidato a intendente.
El argumento opositor es que el sanfrancisqueño no podía ser candidato porque no cumple con el requisito de la Carta Orgánica Municipal que ordena una residencia continua e inmediata de cuatro años anterior al comicio municipal.
La elección para intendente fue fijada para el próximo 12 de mayo. Entonces, LLaryora debía acreditar residencia (según la ley, “estar de asiento en un lugar”) “continua e inmediata” desde el 12 de mayo del 2015.
Según la Junta Electoral municipal, Llaryora recién pudo acreditar residencia legal a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando renunció como intendente de San Francisco para asumir la vicegobernación.
Pero no pudo dar fe de haber residido en Córdoba entre el 12 de mayo de 2015 y el momento en que asume como vicegobernador de la Provincia.
“En síntesis, el 27 de diciembre de 2014 renuncia como Ministro de la Provincia, y por lo tanto desde ese momento no cuenta con residencia legal. La residencia en Córdoba al 12 de mayo de 2015 en adelante no queda acreditada. Es más el 28 de agosto del 2015 reasume la intendencia de San Francisco. Recién con su asunción como vicegobernador de la Provincia adquiere residencia en Córdoba, en los términos del art. 12 de la Constitución Provincial”, dijo la Junta.
Según la Junta, el contrato de locación presentado por LLaryora, a partir del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, “no se encuentra aforado”, y se exhibe “sin fecha ni sello bancario”. Además, las copias de facturas de servicios públicos que adjunta como prueba y recibos de pagos de expensas no están a su nombre, sino de un tercero.
Los apoderados del sanfrancisqueño apelarán la impugnación municipal ante la Justicia Electoral de Córdoba con la esperanza de que la jueza Martha Vidal, o en su defecto, el Tribunal Superior de Justicia habiliten la polémica candidatura de Llaryora.
El PJ sostiene que el freno legal a la habilitación del sanfrancisqueño esconde la intención de la oposición radical-macrista de “proscribirlo” (como al Perón exiliado) por su segura victoria el 12 de mayo.