Emergencia ambiental: “Muerto me van a sacar”
Alberto Vicente Ortega (76 años) es uno de los 16 vecinos intimados judicialmente a desalojar su casa por el riesgo de derrumbe.
Alberto (tigrense, de nacimiento, y de Villa El Libertador, por adopción) vive en la otra punta de la “zona roja” del barrio. Su vivienda es una de las más afectadas por los daños estructurales generales.
“Ocurrió hace años cuando se abrió el pozo negro del vecino y me comió los cimientos”, cuenta a La Décima. “No fue por las napas altas pero es cierto que las napas estaban a 38 metros y ahora están a 15”.
Ortega fue quien repudió con más vehemencia la indolencia estatal en la asamblea vecinal en el CPC 6. Allí afirmó –y lo sigue repitiendo- que lo van a sacar “muerto” de la casa, porque no piensa en desalojarla.
“Mi padre, que era gallego, decía siempre que “por la verdad y la razón, hágase matar”.
Ortega vive en el patio trasero de la casa ubicada en Carmelo Ibarra 1527 (ex Reconquista 144) Adelante vive el resto de su familia.
Cuenta que hizo el intento de buscar un inmueble en alquiler, pero no califica para las inmobiliarias “porque soy un indigente que cobra la mínima”.
En el ministerio le ofrecieron compartir una casa por calle Belardinelli, pero las psicólogas le habrían confiado que “no eran gente de buen vivir”.
Alberto se define como “un hombre de trabajo”. Manejó cambiones y colectivos más de 50 años, y hoy camina con un bastón por una operación de cadera.
“Yo no pido plata para un alquiler. Si quieren darme una mano, que me hagan una piecita”, dice.
Y enfatiza: “Yo le dije a la oficial de justicia que me trajo la intimación que soy un hueso duro de roer, no me van a sacar así nomás. Muerto me van a sacar. Porque conozco mis derechos y obligaciones”.
“El Estado me hunde la casa y ahora busca desalojarme”
Soledad Ludueña es otra de las vecinas de Villa El Libertador intimada al desalojo.
La vivienda que comparte con sus padres por avenida de Mayo “se viene cayendo hace cinco años”, pero culpa al Estado de su situación.
“Buscan desalojarnos de la casa cuando es el Estado el que me la hunde”, denuncia, por su responsabilidad por la suba de las napas.
Sus padres viven en el lugar “hace más de 45 años” y ella lo hace con su pareja e hijo en un departamento del fondo. Hay humedad en paredes, rajaduras y revoque cayéndose.
“No pueden sacarnos: yo soy dueña, pago los impuestos y tengo escritura. Somos personas de trabajo, no quiero pulular por un ministerio por un alquiler”, dice para justificar su negativa a irse.
“Si nos vamos, la perdemos”, agregó Vázquez, su pareja refiriéndose al temor de ser usurpados.
“Lo que necesitamos es que se decrete la zona de desastre, porque es un desastre todo el barrio, no podemos vivir así”, dijo Ludueña.
“A mí me usurparon”
Roxana Herrera vive en Piedra Pintada 451, en el corazón de la “zona roja” ambiental.
Ella accedió al ofrecimiento de alquiler provincial y también sufrió un intento de usurpación al irse. “Fue hace dos meses, me hicieron destrozos. Por suerte le enseñamos la escritura (a los usurpadores) y se fueron”, cuenta.
La casa de Roxana fue una de las que visitó el juez Angel Gutiez cuando relevó el barrio hace tres años en el marco del amparo vecinal.
“Siento que nos mintieron, que nada cambió”, manifiesta Herrera, quien reclama a la Provincia el no atraso en los pagos del alquiler.
“Me deben julio y agosto, y si no me pagan, voy a tener que volver a vivir a mi casa”, decía al momento de la nota.
“Claro que tenemos temor de derrumbe, pero si no pagan el alquiler no tenemos adónde ir”, dice.
En la casa que se intimida a desalojar, hoy vive una hija.
