Entrevista al fiscal Senestrari: “Una mutual no está para pagar la buena vida de sus dirigentes”
La Décima entrevistó el viernes 30 de agosto a Enrique Senestrari, el fiscal federal de Córdoba que ordenó las resonantes detenciones de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los jefes del Sindicato de Recolectores (Surrbac) acusados de distintas maniobras delictivas para beneficio propio y en perjuicio de la mutual y sus afiliados, según lo que se desprende de sus afirmaciones.
¿Cuál es la acusación contra los detenidos Mauricio Saillén y Pascual Catrambone?
Están acusados de usar la mutual para obtener ganancias extraordinarias con el cobro de tasas de interés usurarias por préstamos otorgados a los afiliados que luego desviaban para sus bolsillos y el de otras personas. El dinero, sea cual fuera, tenía que quedar en la mutual y no para pecunio de sus titulares.
¿La mutual puede prestar dinero y en qué casos?
Hay mutuales que tienen permiso para préstamos pero de tipo excepcional, no para actuar como un banco o financiera. En vez de préstamos para atender, por ejemplo, la emergencia social de un afiliado, eran grandes cantidades con tasas de interés cobradas que superaban ampliamente los valores de mercado.
¿Tenían permiso legal para hacerlo?
Cualquier fuera el permiso que tuvieran, nunca se puede considerar que tienen permiso para operar en condiciones de usura. La propia intervención de la mutual y la UIF (Unidad de Información Financiera de Nación) habían señalado inconvenientes en el otorgamiento de esos préstamos.
¿Cuándo un interés es usurario y abusivo?
Cuando supera las condiciones normales del mercado y la costumbre financiera.
¿El dinero que los acusados prestaban a la mutual para luego usufructuar sus intereses tiene origen lícito?
Hay un circuito de dinero que al menos en parte estaba constituido por los propios intereses usurarios obtenidos. Ese dinero ingresaba en condición de préstamos a la mutual y volvía a redundar en intereses. Pero hay que revisar si había otros dineros que pudieran entrar desde otros orígenes.
¿Los delitos de usura y lavado de activos sería lo más evidente en la prueba recogida?
Para que haya lavado tiene que haber un delito precedente o una muy vehemente sospecha del origen ilícito de los fondos. Si no hay forma de demostrar el origen y es visible que el dinero no puede haber sido legal, se configura el delito de lavado.
¿Y si Saillén o Catrambone argumentaran, por ejemplo, que el origen del dinero es lícito y que provenía del negocio de la basura?
Lo veo difícil. La prueba es muy grande y muestra mediante asientos y movimientos contables que hubo una sustracción de fondos que fueron a parar al bolsillo de los dirigentes de la mutual o a pagar hoteles y viajes costosísimos. El dinero de la mutual no está para pagar la buena vida de los dirigentes, sino para los afiliados y el propio movimiento de la mutual. Esta es la administración fraudulenta.
Los recolectores no lo ven como un daño. ¿Qué le parece esta actitud?
Evidentemente los trabajadores del gremio de la basura han tenido muchos beneficios, mejorado mucho su situación gracias a una lucha gremial que fue positiva. Pero otra cosa es aprovecharse de esa bonanza para beneficio propio. Esto puede pasar: puede ser un buen dirigente sindical, pero saca su tajada para un beneficio propio que es ilegal. No es incompatible una buena gestión sindical, con un aprovechamiento para obtener beneficios propios.
Los trabajadores sienten esto como una represalia política contra los dirigentes que mejoraron sus condiciones laborales.
Tienen el derecho a decir lo que quieran porque manifestar esas cosas en el aire puede servir para una cuestión mediática o política, pero para una cuestión judicial tienen que demostrarlo. Y no van a poder demostrarlo porque no existió: yo nunca, en toda mi carrera, me he prestado a ninguna operación política.
Que usted sea una persona que haya expresado sus simpatías con el kirchnerismo –el mismo espacio donde militan los detenidos- parece hacer caer la coartada de una represalia política.
Mi ideología política es personal, en lo funcional soy un fiscal federal que me debo al trabajo en base a pruebas. Hay veinte personas trabajando conmigo que no piensan como yo y que están viendo mi trabajo, y si ven un desvío deben denunciarme.
En delante agregaría sobre este punto: “Si estoy en condiciones de actuar hoy no tengo por qué esperar a que pasen las elecciones porque hubiera estado protegiendo al candidato a diputado (se refiere a Franco Saillén, también imputado y candidato por el Frente de Todos) Y si aceleraba el trámite para que fuera antes de las elecciones evitando recibir más pruebas también hubiera sido una mala conducta. Cuando se completó el cuadro probatorio y tenía los justificativos para allanar, detener y secuestrar, lo hicimos”.
El factor sorpresa
¿Qué penas prevén los delitos imputados?
La asociación ilícita y el lavado tienen penas que arrancan desde los cinco años (de cárcel) Y son penas no excarcelables en caso de condenas. Pero que el delito no sea excarcelable no significa que la persona deba estar presa antes de la condena; lo están porque consideré que hay un peligro de riesgo procesal.
¿Riesgo de fuga o entorpecimiento?
Hay datos que muestran que tienen contactos y posibilidades de entorpecer el accionar judicial.
Por la importancia de los bienes incautados, el factor sorpresa de los procedimientos fue efectivo.
Justamente, porque se trabajó bien, no hubo ninguna filtración y los resultados lo muestran. Si bien lo que se encontró no es todo lo que buscamos, porque hay más bienes, igualmente se encontró mucho.
¿El plazo fijo de 700 mil dólares supuestamente de Saillén informado por La Voz es actual?
No es de ahora, pero habría que investigar el destino de ese dinero hoy.
Las imágenes de lo secuestrado filtradas a la prensa sientan una condena mediática.
Esas imágenes no se filtraron desde la justicia, porque ni yo las tenía. Pero que se haya filtrado sirve para que la sociedad y los afiliados sepan que esto no es una operación política, que están a la vista bienes de muy difícil justificación. Un Mercedes Benz de 150 mil dólares, no lo puede comprar cualquiera, y en base a la información de la causa, no hay forma de que estas personas tengan una situación económica para justificar este y los demás bienes.
El accionar revela la alarmante falta de los organismos de control sobre estas asociaciones.
Como justicia siempre vamos detrás de los hechos, pero el Estado tiene organismos de control y habrá que ver si salta en la causa que alguien tuvo la obligación de controlar y no lo hizo, o que habiendo controlado o sabiendo que pasó, se abstuvo de actuar.
¿Qué va a pasar con los bienes secuestrados?
Si los imputados demuestran que son lícitos es de ellos, pero si se demuestra que fue comprado con dinero sustraído a la mutual quedarán para el Estado.
¿La mutual y los afiliados serían la víctima de estos ilícitos?
Claramente, porque quien debían administrarla lo hicieron con engaño y trampa para beneficio propio o de terceros. Estamos viendo que los titulares se enriquecieron en principio de forma desproporcionada y eso coincide con una caída de fondos de la mutual. No se puede cobrar un nueve o diez por ciento mensual en ninguna clase de préstamo. Eran intereses que superaban lo normal, cuando un banco cobra un dos o tres por ciento mensual.
¿Por qué de los 19 imputados solo se detuvo a Saillén y Catrambone?
Porque son los cabecillas de grupo, los que comandaban al resto de los imputados. Entonces tienen una mayor responsabilidad y el riesgo procesal se aplica porque pueden acceder a recursos que le hubieran permitido entorpecer la investigación.
¿Hasta cuándo seguirán en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer?
Nosotros le pedimos al tribunal que sea por 30 días la prisión preventiva para que entorpezcan (la recolección de pruebas). Una vez garantizado esto podrán esperar el juicio en libertad.
Los 19 acusados
Saillén y Catrambone están acusados de asociación ilícita “agravada por su carácter de jefe”, por ser considerados los organizadores de las maniobras ilegales; usura agravada y administración fraudulenta (que es lo mismo que lavado de activos)
Por el delito de asociación ilícita simple, como coautores, están acusados Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba y Juan Carlos Delgado.
También están imputados los 4 hijos de Saillén: Franco Saillén (actual legislador provincial y candidato del Frente de Todos); Juan, Micaela, y Darío Mauricio. Agustín Catrambone, hijo de Pascual, es otro de los imputados.
También la ex esposa de Saillén, Verónica Quevedo; la mujer de Catrambone, Adriana Cecilia Oviedo; Yamila Gisel Monjes; y Salomé Alfazak.
Y tres familiares de Catrambone: Miguel Ángel (hermano), Héctor Gabriel Blanes y Jorge Vicente Blanes. Y el abogado José Luis Yacanto.