Es más fácil ser un ñoqui legislativo que presidente de un Centro Vecinal

Por Mario Albera. Por estas horas, asombra -si es que alguno aún no ha perdido esa capacidad- la revelación periodística acerca de que el 40 por ciento de la planta legislativa de la Unicameral no se sabe qué funciones cumple.

Esto surge por un pedido de información pública presentado por lavoz.com.ar hace meses y contestado recién la semana pasada por las autoridades parlamentarias. 

Ese 40 por ciento equivale a 711 personas -según los cálculos del centenario diario- cuyas funciones específicas no fueron informadas, como tampoco lo fue la remuneración que perciben ¿a cambio de qué?

Entre ellos, figuran como beneficiarios 85 exintendentes, que encontraron trabajo pronto no bien cesaron en sus funciones ejecutivas. Al no permitírsele ser reelectos por una ley provincial, se los recompensó a los fines de que no quedaran desempleados. Canjearon polémicos ingresos por integridad moral.    

No se informó exactamente qué hace esta gente con sueldos pagados por los contribuyentes cordobeses. A esto se suman 287 monotributistas, 347 asistentes de legisladores, 389 empleados de planta permanente, y los 70 legisladores. Todos conforman el universo legislativo cuya transparencia de sus actividades y remuneraciones hoy están en claroscuro. 

Atribuirles a todos la categoría de “ñoqui” -entendiendo como tal a una persona legalmente registrada que recibe un salario mensual, pero que realiza poco o ningún trabajo-  sería injusto. Pero es legítimo pensar que algunos/varios/muchos revisten en esa insultante categoría porque la bolsa de trabajo no discrimina entre quiénes efectivamente trabajan y quiénes no. El mismo poder que les consiguió un conchabo -ingreso temporal-, los arroja al lodazal del escarnio público al no informar de sus funciones. Aunque en el conchabo concedido a los suyos están todos  los partidos, “la casta” como expresión máxima de la corporación política.  

Solo sabemos que todos ingresaron a la función pública por el mérito de tener acceso a los favores de “gente importante”, por más que luego -algunos de ellos, o varios, no lo sabemos- hayan revalidado títulos cumpliendo sus laborales. 

Contraste fatal

En momentos en que esto pasa, en los barrios de la Capital se lleva a cabo el proceso electoral para renovar autoridades en el Centro Vecinal. 

Asombra -aun concordando- la severidad de los requisitos establecidos para ser candidatos en una lista. 

Por ejemplo, no podrán presentarse como candidatos los vecinos deudores del Estado municipal con sentencia firme; los condenados por delitos contra la integridad sexual; los deudores alimentarios morosos; los condenados por delitos cuya pena sea de dos años o más; y los reincidentes; entre otras incompatibilidades ordenados por la normativa. 

“Mirá todos los requisitos que nos exigen a nosotros”, me dice un vecino con interés en presentar lista al aludir a los privilegios de quienes cobran un sueldo estatal sin tener que demostrar idoneidad moral y legal.

“Estoy de acuerdo que sean exigentes, pero estaría bueno que también lo sean con todos los ñoquis que trabajan en el Estado”, reflexiona este vecino. 

Las dos caras harto conocidas del Estado: laxo con los privilegiados y severo con el resto.