LLaryora pretende que los barrios “autogestionen” las obras y servicios que necesita la cuadra
El Concejo Deliberante aprobó hoy la creación de un trío de ordenanzas (8304/05/09) cuyo espíritu apunta a que los vecinos de los 500 barrios de Córdoba resuelvan por “autogestión” las soluciones a las obras y servicios municipales “de mantenimiento liviano”.
La participación vecinal para el relevamiento y discusión de las obras de mejoramiento barrial se realiza hace años a través de las Juntas de Participación Vecinal, con un presupuesto equivalente al 10 por ciento del gasto en obra pública.
La falla de este sistema es que las obras que eligen los vecinos demoran varios presupuestos en ejecutarse en los barrios, cuando deberían ser de un año para otro.
Con el objeto de resolver este déficit y agilizar el proceso de discusión, Hacemos por Córdoba votó nuevas ordenanzas para fortalecer el trabajo de las Juntas y crear un nuevo mecanismo de presupuesto participativo para las obras “de mantenimiento liviano”, aquellas que requieren una solución rápida como puede ser el cambio de una luminaria, la limpieza de una plaza o el bacheo de una calle.
Este mecanismo se llama Presupuesto Participativo Barrial (PPB) y busca encargarse de la “Micro-Planificación Barrial”.
De acuerdo al nuevo Esquema Territorial de Descentralización, las obras a escala de la cuadra y el barrio se resolverán por “autogestión” vecinal; las obras a escala de jurisdicción del CPC, seguriá en manos de la Junta Vecinal mediante presupuesto participativo; y las de escala ciudad, a cargo de las áreas centrales.
Reforma polémica
Se crea un “Régimen de Autogestión del Desarrollo Barrial”, al que deberán adherir los Centros Vecinales quienes a partir de ahora de mediar entre los reclamos vecinales y el Estado, sino también de ser contratados directamente por el municipio para que realicen el “mantenimiento liviano” de infraestructuras barriales.
Esto genera polémica por la responsabilidad civil y legal que se le transfiere a las instituciones vecinales, que además son instituciones sin fines de lucro.
“Supongamos que un centro vecinal contrata a un tercero para mantenimiento de una plaza, la hamaca se quiebra y un niño se lesiona. El demandado será el centro vecinal y no el estado municipal”, planteó como ejemplo el concejal opositor Juan Pablo Quintero durante el debate de las ordenanzas.
El legado de Martí
Las ordenanzas forman parte del Plan de Descentralización municipal con el que Llaryora pretende completar el legado de Rubén Martí para pasar de la desconcentración administrativa a la operativa de los servicios municipales.
Justamente, el autor intelectual de este cuerpo normativo es Guillermo Marianacci (foto, saco azul), el secretario de Participación Ciudadana que fuera funcionario de Martí y de Luis Juez en esta misma materia.
Al asumir su mandato, LLaryora prometió “potenciar” a los Centros de Participación Comunal (CPC) para “agilizar” la llegada de los servicios a los barrios.
Precisamente, los Centros serán el espacio donde la población de cada jurisdicción discutirá y resolverá el destino de los recursos para obras, proyectos y servicios para el barrio.
El Departamento Ejecutivo determinará anualmente la cuota parte del monto total afectado al Presupuesto Participativo Barrial “a destinar a cada Centro de Participación Comunal en función de variables demográficas y de necesidades urbano-sociales”.
Los concejales de la oposición –en su mayoría acompañaron en general la votación- plantearon sus dudas acerca de la imparcialidad de criterios que se usará para repartir los fondos entre los distintos CPC y, finalmente, entre los distintos barrios.
Lo votado genera incertidumbre acerca de si el pregonado fortalecimiento de la democracia participativa, con vecinos “autogestionando” las soluciones a la falta de obras, agilizará la llegada a los barrios de los servicios demandados por los contribuyentes o lentificará el proceso aún más.