“El Gobierno impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por la autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado”, sostuvo.
Fue enfático Adorni al señalar que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, e insistió que “todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea”.
Al justificar las reformas migratorias, el portavoz dijo que “en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, equivalente a la población de La Matanza o la provincia de Tucumán“.
“Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y formar su futuro, no es justo que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en el territorio argentino”, agregó.
A diferencia de lo que ocurrió este lunes y martes en la sala de conferencia de la Casa Rosada, el portavoz y candidato del Gobierno no aceptó preguntas. Se limitó a repetir, con vehemencia, el endurecimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en el país.
También adelantó el vocero que el Gobierno finalmente avanzará en la iniciativa que ya habían esbozado algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de que las universidades estarán habilitadas a cobrarle a los alumnos extranjeros si así lo deciden y que “los residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud“.
En ese sentido, sostuvo que “quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago”.
Al justificar esa decisión, el portavoz sostuvo que en 2024 “la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114.000 millones de pesos”. Y agregó: “Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos”.
“También se habilitará a las universidades a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”, insistió.
Sobre el final, el portavoz repitió que “van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. Solo se va a otorgar a quienes residan dos años en el país sin abandonar el territorio”.
