“Saillén y Catrambone abusaron de la necesidad de los afiliados”

El fiscal federal número 1 de Córdoba Enrique Senestrari pidió la elevación a juicio de la causa de defraudación por administración fraudulenta contra los ex jefes del sindicato de recolectores de Córdoba, Julio Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

El fiscal los acusa de “formar una asociación destinada a cometer diversos delitos de tinte económico-financiero en perjuicio tanto de los afiliados como del propio Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (S.U.R.R.Ba.C.), de la Asociación Mutual del .S.U.R.R.Ba.C. y de la Obra Social del S.U.R.R.Ba.C., siempre con el objetivo último de beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos”, dice el pedido de elevación al que accedió este medio.

Además del delito de asociación ilícita, los acusa junto a 17 personas más de usura agravada y lavado de dinero a través de mutuos y adquisición de bienes.

Según la acusación, “entre 2009 y 2018, la asociación ilícita puso en circulación en el mercado formal alrededor de 75 millones de pesos de origen ilícito (50 millones en efectivo a través de mutuos y 25 millones a través de bienes). Ello sin contar los bienes encontrados durante los allanamientos, como el Mercedes de Catrambone o los 420 mil nombre de Juan Carlos Delgado”.

La fiscalía afirmó que los acusados “se aprovecharon de forma habitual de la ligereza, necesidad y/o inexperiencia de los afiliados de la A.M.S.U.R.R.Ba.C., en el marco del otorgamiento de préstamos o comúnmente denominados “ayudas económicas” facilitadas a través del cumplimiento de mínimos requisitos y provisión casi inmediata de fondos, otorgando los mismos con costos pecuniarios evidentemente desproporcionadas con la prestación brindada a los solicitantes”.

Los préstamos, no solo no estaban autorizados por la autoridad de control -el Inaes-, sino que eran sumamente usureros. La tasa pagada por los afiliados rondaba “entre el 9,70 % y el 13,90% mensual, los cuales resultaban evidentemente desproporcionados con relación a los intereses de plaza”, dice la acusación.

Y agrega que “perjudicaron los intereses confiados a ellos por los afiliados de la mutual (…) con la finalidad de obtener un provecho indebido para sí y para terceros allegados a ellos”.

Dice la acusación que los imputados “diseñaron una compleja ingeniería financiera destinada a poner en circulación, de forma habitual y continuada, con el objetivo de darles apariencia lícita, parte del dinero obtenido ilegalmente”, para configurar el lavado.

Con dinero malhabido, los denunciados compraron 17 inmuebles y 37 vehículos de alta gama entre autos, motos y camionetas detallados en la denuncia. Cuatro de los inmuebles comprados se domicilian en barrio Santa Isabel II Sección, donde vivía Catrambone y familia.

La maniobra denunciada “consistió en celebrar contratos de mutuo supuestamente firmados entre terceros y la Asociación Mutual por los que ésta última se comprometía en devolver las sumas prestadas a tasas de interés (que variaban entre un 5% y hasta 8,91% mensual de tasa efectivamente pagada) muy por encima de las normalmente ofrecidas en el sistema financiero formal y que significaban un notable perjuicio para la entidad”.

“Ahora bien -aclara el pedido de elevación a juicio- los mutuantes no eran terceros ajenos a los hechos investigados en la causa, sino, antes bien, allegados o familiares de los miembros de la asociación ilícita (cuando no ellos mismos) que actuaron de testaferros poniendo sus nombres”.

Entre los participantes de la  maniobra figuran “Héctor Blanes, Salomé Alfazak, Miguel Catrambone, Jorge Blanes, José Luis Yacanto, Juan Manuel Riba y Pascual Catrambone” mismo.

Gastos personales

Otro perjuicio al sindicato fue haber hecho “rendir gastos personales de Catrambone y Saillén -–incluidos paquetes de viajes familiares con destino al Caribe, viajes de estudios de los hijos, gastos exorbitantes en suites de hoteles, entre otros- como si hubieran sido hechos en ejercicio de sus funciones dentro del sindicato, desviándolos de su legítimo destino”.

“Simplemente a modo de ejemplo, durante el año 2016 desviaron la suma de $ 1.279.164,25; durante el año 2017 la suma de $ 1.025.749,11; y durante el año 2018 (hasta junio) la suma de $ 1.929.386,84. De la misma manera, también le hicieron asumir a la mutual el pago de gastos personales sobre patentes, seguros, impuestos inmobiliarios de bienes de Saillén y Catrambone. A modo de ejemplo, entre los meses de enero a abril de 2015 se desviaron $ 540.387,74 y entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 se desviaron $ 530.976”, según detalla la denuncia.

Se comprobó que parte de los fondos desviados sin tener relación con su objeto sindical, provenían también de una cuenta bancaria del Banco de Córdoba por un monto de 30 millones de pesos.

Todos los acusados negaron los hechos imputados en su contra, reseña la denuncia.

“Negocio de la basura”

El pedido del fiscal Senestrari deja asentado que “la investigación que se eleva a juicio debe ser vista como una parte dentro de un todo y no como algo aislado. El Juez lo denominó “el negocio de la basura” y en eso no se ha equivocado. Políticos, empresarios y gente del sindicato contribuyeron para que la gestión de los residuos fuera ineficiente y excesivamente onerosa para la ciudad”.

Dejá una respuesta

A %d blogueros les gusta esto: