El crimen de Gabriela Pérez desnuda la mafia sindical y el trabajo precario
El aberrante crimen de Gabriel Pérez (24) deja al desnudo las presuntas prácticas mafiosas sindicales en Córdoba y el trabajo precario de los afiliados del gremio de la limpieza.
La joven mujer muere en un almuerzo del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Solesac) organizado el sábado pasado en el club Yapeyú, al sudeste de la ciudad.
Circulan videos que muestran al asesino disparando a mansalva contra la fachada del club y a Gabriela cayendo descompensada al recibir un balazo en la clavícula.
Dalma, hermana de la víctima, denuncia ahora que ambas se habían sentido “obligadas” a asistir al acto para no perder el trabajo.
“Dos semanas atrás nos hicieron firmar un contrato. Yo hace un año que trabajo. Te hacen firmar un contrato cada tres meses y si no íbamos al acto nos quedábamos sin trabajo”, señaló Dalma al portal de Cadena 3, y aseguró que el asesinato “se podría haber evitado tranquilamente”.
Dalma aclaró que del gremio la obligaron a asistir al acto: “Me dijeron que me habían protegido frente a la empresa porque me habían resguardado el trabajo cuando tenía siete meses de embarazo y me querían echar”.
Lavoz.com.ar detalla que “la investigación, que se resuelve con absoluto hermetismo por parte de la fiscal, tiene como hipótesis la existencia de un enfrentamiento entre facciones que se disputan la masa de 20 mil afiliados que tiene el Soelsac”. Es decir, un ajuste de cuentas mafioso con una víctima inocente.
Horas después del hecho, el Soelsac dijo que se trató de un “atentado contra el secretario general Sergio Fittipaldi” y que el responsable es el Sindicato de Recolectores (Surrbac) de Mauricio Saillén. Franco Saillén respondió que todo se trata de una “maniobra de Fittipaldi” ante el temor de perder las elecciones en el gremio.
Pese a la gravedad del hecho sucedido en un acto del sindicato, su secretario general se ha mantenido oculto al escrutinio público. Su abogado Alexis Kohman declaró a la prensa que Fittipaldi ha pedido ser querellante en la causa porque entiende que “esto fue un atentado unilateral” contra su persona. Y desmintió que haya habido disparos “desde adentro del club”.
Fittipaldi es el jefe de las 62 Organizaciones y legislador electo por Hacemos Unidos, la marca del PJ cordobés. Tanto su gremio como el Surrbac tienen vínculos políticos con el poder provincial. Un artículo de lapolíticaonline expuso que “la disputa entre dos sindicatos afines a Martín Llaryora, el de trabajadores de empresas de limpieza y el de los recolectores de residuos, puso en máxima tensión al peronismo provincial” .
La hermana de la víctima denunció que habría existido fuego cruzado ese sábado. Que hubo disparos desde afuera y desde adentro del club.
“Los primeros disparos que vinieron de afuera los escuchamos, empecé a correr, la busqué a mi hermana y estaba tirada en el piso. Cuando fui a socorrerla, desde adentro, desde el asador donde estaban haciendo los pollos, seguían disparando desde adentro para afuera”, declaró a Cadena3.
La pareja de Gabriela, Rodrigo Agustín Rivera (26), pidió que se individualice a los que dispararon, “tanto desde afuera como desde adentro del Club Yapeyú”.
Patrocinado por el abogado Carlos Nayi, la parte querellante continúa pidiendo que se haga justicia por Gabriela. “Fue una muerte en el marco de una guerra sindical mafiosa”, afirmó Nayi al doce.tv
“Queremos saber quiénes dispararon y por qué lo hicieron. Ahora mi hija se quedó sin su mamá y el dolor que nos provocaron no tiene remedio. Ella me estaba ayudando para atender los problemas de salud, porque soy hipertenso y diabético”, dijo el joven que se dedica a lavar y cuidar coches en la vía pública a lavoz.com.ar.
La causa penal está a cargo de la fiscal Silvana Fernández, quien por estas horas dispone de medidas para individualizar a los autores del hecho.
foto eldoce.tv